Ley Reglamento

 
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Ley Reglamento
 
 
LEY y REGLAMENTO que nos atañe
en la Seguridad Privada.
L.S.P y R.S.P
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LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

Ley 23/1992, de 30 julio, BOE del 4 agosto.

Art. 1

1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestación por personas, físicas o jurídicas, privadas de servicios de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que tendrán la consideración de
actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.
2. A los efectos de la presente Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada,
que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados que trabajen en aquéllas, los guardas particulares del campo y los detectives privados.
3. Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respecto a la Constitución y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles.
4. Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de
seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados.

- Art.67 RSPR - Art.66 RSPR -

Art. 2

1. Corresponde el ejercicio de las competencias administrativas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley al Ministerio del Interior y a los Gobernadores Civiles.
2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades, servicios o actuaciones y del personal y medios en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación.
3. A los efectos indicados en el apartado anterior, habrá de facilitarse a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que en cada caso sean competentes, la información contenida en los Libros-Registros prevenidos en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determinen.
4. Asimismo, las empresas de seguridad y los detectives privados presentarán cada año un informe sobre actividades al Ministerio del Interior, que dará cuenta a las Cortes Generales del funcionamiento del sector. Dicho informe habrá de contener relación de los contratos de prestación
de los servicios de seguridad celebrados con terceros, con indicación de la persona con quien se contrató y de la naturaleza del servicio contratado, incluyéndose igualmente los demás aspectos relacionados con la seguridad pública, en el tiempo y en la forma que reglamentariamente se
determinen.

Art. 3

1. Las empresas y el personal de seguridad privada no podrán intervenir, mientras estén ejerciendo las funciones que les son propias, en la celebración de reuniones y manifestaciones ni en el desarrollo
de conflictos políticos o laborales, sin perjuicio de mantener la seguridad que tuvieren encomendada de las personas y de los bienes.
2. Tampoco podrán ejercer ningún tipo de controles sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener bancos de datos con tal objeto.
3. Tendrán prohibido comunicar a terceros cualquier información que conozcan en el ejercicio de sus funciones sobre sus clientes, personas relacionadas con éstos, así como los bienes y efectos que
custodien.

- Art.148 RSPR -
Art. 4

1. Para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas reglamentarias y los medios materiales y técnicos homologados, de manera que se garantice su eficacia y se evite que produzcan daños o molestias a terceros.
2. El Ministerio del Interior determinará las características y finalidades de dichos medios materiales y técnicos, que podrán ser modificadas o anuladas cuando varíen las condiciones o circunstancias que determinaron su aprobación.

Art. 5

1. Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que la desarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y
actividades.
a) Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.
b) Protección de personas determinadas, previa la autorización correspondiente.
c) Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos
que, por su valor económico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras.
d) Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos cuyas características serán
determinadas por el Ministerio del Interior, de forma que no puedan confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
f) Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.
g) Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas en esta Ley.
2. Las empresas de seguridad deberán garantizar la formación y actualización profesional de su personal de seguridad. Podrán crear centros de formación y actualización para el personal de
empresas de seguridad de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
3. En ningún caso las empresas de seguridad podrán realizar las funciones de información e investigación propias de los detectives privados.

- Art.1 RSPR -

Art. 6

1. Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso consignarse por escrito, con arreglo a modelo oficial, y comunicarse al Ministerio del Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios.
2. No obstante, la prestación del servicio de escoltas personales sólo podrá realizarse previa autorización expresa del Ministerio del Interior, que se concederá individualizada y excepcionalmente en los casos en que concurran especiales circunstancias y condicionada a la forma
de prestación del servicio.
3. El Ministro del Interior prohibirá la prestación de los servicios de seguridad privada o la utilización de determinados medios materiales o técnicos cuando pudieran causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.

Art. 7

1. Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad, las empresas de seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro que
se llevará en el Ministerio del Interior, a cuyo efecto deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Constituirse como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima
laboral o sociedad cooperativa, teniendo como objeto social exclusivo todos o alguno de los
servicios o actividades a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley.
b) En todo caso, las empresas de seguridad que presten servicios con personal de seguridad
deberán tener la nacionalidad española.
c) Poseer un capital social en cuantía mínima que se determine, en razón de su objeto y de su ámbito
geográfico de actuación, que no podrá ser inferior al establecido en la legislación sobre sociedades
anónimas.
d) El capital social habrá de estar totalmente desembolsado e integrado por títulos nominativos.
e) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos que se
determinen en razón del objeto social y del ámbito geográfico de actuación. En particular, cuando
las empresas de seguridad prestaren servicios para los que se precise el uso de armas, habrán de
adoptar las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento, en la forma
que se determine.
f) Prestar las garantías que se establezcan por vía reglamentaria, en razón de las circunstancias
expresadas en el apartado anterior.
2. No obstante, a las empresas de seguridad que tengan por objeto exclusivo la instalación o
mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, así como el asesoramiento y
planificación de actividades de seguridad, se las podrá eximir reglamentariamente del cumplimiento
de alguno de los requisitos exigidos en el apartado 1 del presente artículo.
3. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la inscripción, que
será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del
interesado.

- Art.5 LSPR - Art.2 RSPR -

Art. 8

Los administradores y directores de las empresas de seguridad, que figurarán en el Registro a que se
refiere el apartado 1 del artículo anterior, deberán:
a) Ser personas físicas residentes en España.
b) Carecer de antecedentes penales.
c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave,
respectivamente, en materia de seguridad.
d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
ni haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad,
vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.

Art. 9

1. Las empresas de seguridad estarán obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio
que se produzca en la titularidad de las acciones o participaciones y los que afecten a su capital
social, dentro de los quince días siguientes a su modificación.
2. Asimismo, en igual plazo, deberán comunicar cualquier modificación de sus estatutos y toda
variación que sobrevenga en la composición personal de sus órganos de administración y dirección.

- Art.140 RSPR -

Art. 10

1. Para el desarrollo de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada habrá de
obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, con el carácter de
autorización administrativa, en expediente que se instruirá a instancia de los propios interesados.
2. Para la habilitación del personal de seguridad privada, los aspirantes habrán de ser mayores de
edad, no haber alcanzado, en su caso, la edad que se determine reglamentariamente y superar las
pruebas oportunas que acrediten los conocimientos y la capacitación necesarios para el ejercicio de
sus funciones.
3. La obtención de la habilitación y, en todo momento, la prestación de los servicios requerirá la
concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, aptitud física y capacidad psíquica necesaria para el ejercicio de
las funciones.
b) Reunir los requisitos enunciados en los apartados b), c) y d) del artículo 8 de la presente Ley.
c) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de
otros derechos fundamentales, en los cinco años anteriores a la solicitud.
4. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la habilitación, que
será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del
interesado.
5. La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a
nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias.

- Art.8 LSPR - Art.52 RSPR - Art.64 RSPR -

Art. 11

1. Los vigilantes de seguridad sólo podrán desempeñar las siguientes funciones:
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles o inmuebles, así como la protección de las
personas que puedan encontrarse en los mismos.
b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que
en ningún caso puedan retener la documentación personal.
c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.
d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a
los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y
pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
e) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores
y objetos valiosos.
f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios
de repuesta de las alarmas que se produzcan, cuya relación no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
2. Para la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de explosivos u
otros objetos o sustancias que reglamentariamente se determinen, será preciso haber obtenido una
habilitación especial.

- Art.71 RSPR -

Art. 12

1. Tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los vigilantes integrados en empresas de
seguridad, vistiendo de uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán
aprobados por el Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas
Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicarán
exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la misma con
otras misiones.

- Art.87 RSPR - Art.70 RSPR -

Art. 13

Salvo la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes u objetos, los vigilantes de
seguridad ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de las propiedades
de cuya vigilancia estuvieran encargados, sin que tales funciones se puedan desarrollar en las vías
públicas ni en aquellas que, no teniendo tal condición, sean de uso común. No obstante, cuando se
trate de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas, podrán implantarse servicios de vigilancia y
protección en la forma que expresamente se autorice.

- Art.111 RSPR -

Art. 14

1. Los vigilantes de seguridad, previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, sólo
desarrollarán con armas de fuego las funciones indicadas en el artículo 11, en los supuestos que
reglamentariamente se determinen, entre los que se comprenderán, además del de protección del
almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos, los de
vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas y explosivos, de industrias o
establecimientos peligrosos que se encuentren en despoblado y aquellos otros de análoga
significación.
2. Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad, cuya categoría se determinará
reglamentariamente, sólo se podrán portar estando de servicio.

- Art.11 LSPR -

Art. 15

Los vigilantes, que desempeñen sus funciones en establecimientos o instalaciones en los que el
servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio de sus
legítimos derechos laborales y sindicales, a lo que respecto de las empresas encargadas de servicios
públicos disponga la legislación vigente

- Art.152 RSPR -

Art. 16

Cuando el número de vigilantes de seguridad, la complejidad organizativa o técnica, u otras
circunstancias que se determinarán reglamentariamente, lo hagan necesario, las funciones de aquéllos
se desempeñarán a las órdenes directas de un jefe de seguridad, que será responsable del
funcionamiento de los vigilantes y de los sistemas de seguridad, así como de la organización y
ejecución de los servicios y de la observancia de la normativa aplicable.

Art. 17

1. Son funciones de los escoltas privados, con carácter exclusivo y excluyente, el acompañamiento,
defensa y protección de personas determinadas, que no tengan la condición de autoridades públicas,
impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.
2. Para el cumplimiento de las indicadas funciones serán aplicables a los escoltas privados los
preceptos de la Sección 2. de este Capítulo y las demás normas concordantes de la presente Ley,
relativas a vigilantes de seguridad, salvo la referente a la uniformidad.
3. Asimismo, les será de aplicación para el ejercicio de sus funciones lo dispuesto sobre tenencia de
armas en el artículo 14 de esta Ley.

- Art.14 LSPR - Art.88 RSPR -

Art. 18

Los guardas particulares del campo, que ejercerán funciones de vigilancia y protección de la
propiedad rural, se atendrán al régimen establecido en esta Ley para los vigilantes de seguridad, con
las especialidades siguientes:
a) No podrán desempeñar la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte
de dinero, valores y objetos valiosos.
b) Podrán desarrollar las restantes funciones, sin estar integrados en empresas de seguridad.
c) La instrucción y tramitación de los expedientes relativos a su habilitación corresponderá
efectuarlas a las unidades competentes de la Guardia Civil.
d) El Ministro del Interior determinará, en su caso, el arma adecuada para la prestación de cada
clase de servicio.

Art. 19

1. Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán:
a) De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados.
b) De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los
legitimados en el proceso penal.
c) De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.
2. Salvo lo dispuesto en el párrafo c) del apartado anterior, no podrán prestar servicios propios de
las empresas de seguridad ni ejercer funciones atribuidas al personal a que se refieren las Secciones
anteriores del presente Capítulo.
3. Tampoco podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar
inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su
conocimiento y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber
obtenido.
4. En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos que atenten
contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las
comunicaciones.

- Art.102 RSPR - Art.101 RSPR -

Art. 20

Además de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley, no podrán obtener la habilitación necesaria
para el ejercicio de las funciones de detective privado los funcionarios de cualquiera de las
Administraciones Públicas en activo en el momento de la solicitud o durante los dos años anteriores
a la misma.

- Art.10 LSPR -

Art. 21

1. Las infracciones de las normas contenidas en la presente Ley podrán ser leves, graves y muy
graves.
2. Las infracciones leves prescribirán a los dos meses; las graves, al año, y las muy graves, a los dos
años.
El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las
infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del cómputo será la de la
finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume. La prescripción se
interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador,
volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa
no imputable a aquéllos contra quienes se dirija.

Art. 22

Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones:
1. Infracciones muy graves:
a) La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria.
b) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre conflictos
políticos o laborales, control de opiniones, recogida de datos personales o información a terceras
personas sobre clientes o su personal, en el caso de que no sean constitutivas de delito.
c) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados que sean susceptibles de causar
grave daño a las personas o a los intereses generales.
d) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los Libros-Registros
reglamentarios.
e) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, así como sobre
disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la tenencia de armas por el
personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta Ley.
f) La realización de servicios de seguridad con armas de fuera de lo dispuesto en la presente Ley.
g) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la
investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes
o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
h) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.
2. Infracciones graves:
a) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la homologación sea
preceptiva.
b) La realización de servicios de transportes con vehículos que no reúnen las características
reglamentarias.
c) La realización de funciones que excedan de la habilitación obtenida por la empresa de seguridad
o por el personal a su servicio, o fuera del lugar o del ámbito territorial correspondiente, así como la
retención de la documentación personal.
d) La realización de los servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar al Ministerio del
Interior la celebración de los correspondientes contratos.
e) La utilización en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan de cualesquiera
de los requisitos necesarios.
f) El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte de los vigilantes de seguridad dentro
de la jornada laboral establecida.
g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del informe de actividades en la forma y plazo
prevenidos.
h) No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las señales de alarma que se
registren en las centrales privadas, transmitir las señales con retraso injustificado o comunicar falsas
incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa.
i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.
3. Infracciones leves:
a) La actuación del personal de seguridad sin la debida uniformidad o los medios que
reglamentariamente sean exigibles.
b) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la
presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracción grave o muy
grave.

- Art.3 LSPR -

Art. 23

El personal que desempeñe funciones de seguridad privada podrá incurrir en las siguientes
infracciones:
1. Infracciones muy graves:
a) La prestación de servicios de seguridad a terceros por parte del personal no integrado en
empresas de seguridad, careciendo de la habilitación necesaria.
b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta Ley sobre tenencia de armas de fuera del
servicio y sobre su utilización.
c) La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los detectives privados o la
utilización de medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad
personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunidades.
d) La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en el ejercicio de sus
funciones.
e) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea
procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención
de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les corresponda.
f) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.
2. Infracciones graves:
a) La realización de funciones o servicios que excedan de la habilitación obtenida.
b) El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.
c) No impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, prácticas abusivas, arbitrarias o
discriminatorias que entrañen violencia física o moral.
d) La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
e) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre conflictos
políticos y laborales, control de opiniones o comunicación de información a terceros sobre sus
clientes, personas relacionadas con ellos, o sobre los bienes y efectos que custodien.
f) El ejercicio de los derechos sindicales o laborales al margen de lo dispuesto al respecto para los
servicios públicos, en los supuestos a que se refiere el artículo 15 de la presente Ley.
g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del informe de actividades de los detectives
privados en la forma y plazo prevenidos.
h) La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la
autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus
funciones.
i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.
3. Infracciones leves:
a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, por
parte del personal no integrado en empresas de seguridad.
b) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.
c) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la
presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracción grave o muy
grave.

- Art.15 LSPR - Art.3 LSPR -

Art. 24

1. Será considerada infracción grave, a los efectos de esta Ley, la utilización de aparatos de alarma
u otros dispositivos de seguridad no homologados. Sin embargo, se reputará infracción muy grave la
utilización de tales dispositivos cuando fueran susceptibles de causar grave daño a las personas o a
los intereses generales.
2. La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen, o
su funcionamiento con daños o molestias para terceros, será considerada infracción leve.
3. Tendrá la consideración de infracción grave la contratación o utilización de empresas carentes de
la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada, a
sabiendas de que no reúnen los requisitos legales al efecto. Tendrán la consideración de Infracción
leve la contratación o utilización de personal de seguridad, en las mismas circunstancias.

Art. 25

Las reglamentaciones de las materias comprendidas en el ámbito de la presente Ley podrán
determinar los cuadros específicos de infracciones leves, graves y muy graves en que se concreten
los tipos que se contienen en los artículos anteriores.

Art. 26

Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podrán
imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 22 y de acuerdo con lo
establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:
1. Por la comisión de infracciones muy graves:
a) Multas de 5.000.001 hasta 100.000.000 pesetas.
b) Cancelación de la inscripción.
2. Por la comisión de infracciones graves:
a) Multa de 50.001 hasta 5.000.000 de pesetas.
b) Suspensión temporal de la autorización, por un plazo no superior a un año.
3. Por la comisión de infracciones leves:
a) Apercibimiento.
b) Multas de hasta 50.000 pesetas.

- Art.22 LSPR -

Art. 27

Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podrán
imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 23 y de acuerdo con lo
establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:
1. Por la comisión de infracciones muy graves:
a) Multas de 500.001 hasta 5.000.000 de pesetas.
b) Retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia.
2. Por la comisión de infracciones graves:
a) Multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.
b) Suspensión temporal de la habilitación, permiso o licencia, por un plazo no superior a un año.
3. Por la comisión de infracciones leves:
a) Apercibimiento.
b) Multas de hasta 50.000 pesetas.

- Art.23 LSPR -

Art. 28

Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podrán
imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 24 y de acuerdo con lo
establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:
a) Por infracciones muy graves, multas de 500.001 hasta 25.000.000 de pesetas.
b) Por infracciones graves, multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.
c) Por infracciones leves, multas de hasta 50.000 pesetas.

- Art.24 LSPR -

Art. 29

El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada
será decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de lícito comercio, o a su enajenación
en otro caso, quedando en depósito la cantidad que se obtuviera para hacer frente a las
responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.

Art. 30

1. En el ámbito de la Administración del Estado, la potestad sancionadora prevista en la presente
Ley corresponderá:
a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de cancelación de la inscripción y retirada
definitiva de la habilitación, permiso o licencia.
b) Al Director de la Seguridad del Estado, para imponer las restantes sanciones por infracciones
muy graves.
c) Al Director General de la Policía, para imponer las sanciones por infracciones graves.
d) A los Gobernadores Civiles para imponer las sanciones por infracciones leves.
2. Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Art. 31

1. Para la graduación de las sanciones, cuando no estén señaladas individualmente en los
Reglamentos, las autoridades competentes tendrán en cuenta la gravedad y transcendencia del
hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida, para
personas o bienes, la reincidencia, en su caso, y el volumen de actividad de la empresa de seguridad
contra quien se dicte la resolución sancionadora o la capacidad económica del infractor.
2. Cuando la comisión de las infracciones graves o muy graves hubieren generado beneficios
económicos para los autores de las mismas, las multas podrán incrementarse hasta el duplo de
dichas ganancias.

Art. 32

1. Las sanciones impuestas en aplicación de la presente Ley por infracciones leves, graves o muy
graves prescribirán respectivamente al año, dos años y cuatro años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firme la
resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese comenzado a ejecutar, o desde que
se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y se interrumpirá desde que se
comience o se reanude la ejecución o cumplimiento.

Art. 33

No podrá imponerse ninguna sanción, por las infracciones tipificadas en esta Ley, sino en virtud de
procedimiento instruido por las Unidades orgánicas correspondientes, conforme a las normas
contenidas en los artículos 133, 134, 136 y 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La
sanción de infracciones leves podrá acordarse en procedimiento abreviado, con audiencia del
interesado.

- Art.133 LPA -

Art. 34

Toda persona que tuviere conocimiento de irregularidades cometidas por empresas o personal de
seguridad privada en el desarrollo de sus actividades, podrá denunciar aquéllas ante el Ministerio del
Interior o los Gobernadores Civiles, a efectos de posible ejercicio de las competencias
sancionadoras que les atribuye la presente Ley.

Art. 35

1. Iniciado el expediente, el órgano que haya ordenado su incoación podrá adoptar las medidas
cautelares necesarias, para garantizar la adecuada instrucción del procedimiento, así como para
evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso de que ésta fuese
pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.
2. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y
proporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en:
a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, no homologado o que
resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y efectos de la infracción.
b) La retirada preventiva de la habilitaciones, permisos o licencias.
c) La suspensión administrativa de la habilitación del personal de seguridad privada y, en su caso, de
la tramitación necesaria para el otorgamiento de aquélla, mientras dure la instrucción de expedientes
por infracciones graves o muy graves en material de seguridad. También podrán ser suspendidas las
indicadas habilitación y tramitación, hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal.
3. Excepcionalmente, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas o bienes, las
medidas previstas en el apartado a) del número anterior, podrán ser adoptadas inmediatamente por
los agentes de la autoridad; si bien, para su mantenimiento, habrán de ser ratificadas por la autoridad
competente, en el plazo máximo de setenta y dos horas.
4. Cuando los Gobernadores Civiles acordaban la medida cautelar de retirada preventiva de las
habilitaciones, permisos o licencias, o de suspensión administrativa de la habilitación o de la
tramitación para otorgarla al personal de seguridad, deberán elevar los particulares pertinentes a la
autoridad competente, para su ratificación, debiendo éste resolver en el plazo de siete días.
5. Las medidas cautelares previstas en los apartados 2.b) y 2.c) del presente artículo no podrán
tener una duración superior a un año.

- Art.157 RSPR -

Art. 36

1. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley serán ejecutivas desde que la
resolución adquiera firmeza en la vía administrativa.
2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se halle previsto plazo para satisfacerla, la
autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta días
hábiles; pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.
3. En los casos de suspensión temporal, cancelación de inscripciones, retirada de documentación y
clausura o cierre de establecimientos o empresas, la autoridad sancionadora señalará un plazo de
ejecución suficiente, que no podrá ser inferior a quince días ni superior a los dos meses, oyendo al
sancionado y a los terceros que pudieran resultar directamente afectados.

Art. 37

1. Para la ejecución forzosa de las sanciones, se seguirá el procedimiento previsto en el Capítulo V
del Título IV de la Ley de Procedimiento Administrativo.
2. En el caso de las multas, si éstas no fueren satisfechas en el plazo fijado, en la resolución, una vez
firme ésta, se seguirá el procedimiento ejecutivo previsto en el Reglamento General de Recaudación.

Art. 38

La resolución de los expedientes sancionadores por infracciones graves y muy graves podrá ser
hecha pública, en virtud de acuerdo de las autoridades competentes, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

Art. 39

Para lograr el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en ejecución de lo dispuesto en la
presente Ley, las autoridades competentes, relacionadas en el artículo 30, podrán imponer multas
coercitivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. La cuantía de estas multas no excederá de 50.000 pesetas, pero podrá aumentarse
sucesivamente en el 50 por 100 de la cantidad anterior en casos de reiteración del incumplimiento.

- Art.30 LSPR - Art.107 LPA -

DA1

1. Las empresas de seguridad reguladas en la presente Ley, tendrán la consideración de sector con
regulación específica en materia de derecho de establecimiento.
2. La autorización de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad exigirá en todo
caso informes previo del ministerio del Interior.
3. Las limitaciones establecidas en la presente disposición no serán de aplicación a las personas
físicas nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea ni a las
sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social,
administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad.

DA2

1. Con sujeción a las normas que determine el Gobierno, la formación, actualización y
adiestramiento del personal de seguridad privada se llevarán a cabo por profesores acreditados y en
centros de formación, que deberán reunir requisitos de ubicación y acondicionamiento,
especialmente en cuanto se refiere a los espacios para el aprendizaje, práctica y perfeccionamiento
en la utilización de armas de fuego y sistemas de seguridad.
2. Sin perjuicio de las licencias o autorizaciones, autonómicas o municipales, que puedan ser
exigibles para entrar en funcionamiento, los centros de formación, que deberán reunir requisitos de
ubicación y acondicionamiento, especialmente en cuanto se refiere a los espacios para el
aprendizaje, práctica y perfeccionamiento en la utilización de armas de fuego y sistemas de
seguridad.
3. No podrán ser titulares ni desempeñar funciones de dirección, ni de administración de centros de
formación del personal de seguridad privada los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
que hayan ejercido en los mismos funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones, o
del personal o medios en materia de seguridad, vigilancia o investigación privadas en los dos años
anteriores.

DA3

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades de custodia del estado de
instalaciones y bienes de control de accesos realizadas en el interior de inmuebles por personal
distinto del de seguridad privada y directamente contratado por los titulares de los mismos. Este
personal en ningún caso podrá cortar ni usar armas, ni utilizar distintivos o uniformes que puedan
confundirse con los previstos en esta Ley para el personal de seguridad privada.

DA4

1. Las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y para
el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos y,
en su caso, con lo previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán desarrollar las
facultades de autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad que tengan su
domicilio social en la propia Comunidad Autónoma y el ámbito de actuación limitado a la misma.
2. A efectos de información, el ejercicio de tales atribuciones será comunicado a la Junta de
Seguridad.
3. También les corresponderá la denuncia, y puesta en conocimiento de las autoridades
competentes, de las infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentren
incluidas en el párrafo primero de esta disposición.

DT1

Las empresas de seguridad inscritas, las medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo en
uso con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, de acuerdo con la normativa anterior,
perno que no cumplan, total o parcialmente, los requisitos o exigencias establecidas en esta Ley y en
las normas que al desarrollen, deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias, dentro de un plazo
de un año, que se contará:
a) Respecto a los requisitos nuevos de las empresas que requieran concreción reglamentaria, desde
la fecha de promulgación de las correspondientes disposiciones de desarrollo.
b) En cuanto a las medidas adoptadas, desde la promulgación de las normas que las reglamenten.
c) En cuanto al material o equipo que se encuentre en uso, desde que recaigan y se comuniquen las
correspondientes resoluciones de homologación, cuando sea necesaria.
d) Respecto a las materias no comprendidas en los apartados anteriores, desde la promulgación de
la presente Ley.

DT2

1. Los vigilantes jurados de seguridad, los guardas jurados de explosivos y los guardas particulares
jurados del campo que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, reúnan las condiciones
exigibles para la prestación de los correspondientes servicios con arreglo a la normativa anterior,
podrán seguir desempeñando las funciones para las que estuviesen documentados, sin necesidad de
obtener al habilitación regulada en el artículo 10 de esta Ley.
2. Los vigilantes jurados de seguridad y los guardas jurados de explosivos que, en la fecha de
promulgación de la presente Ley, se encuentren contratados directamente por las empresas o
entidades en que realicen sus funciones de vigilancia, podrán continuar desempeñando dichas
funciones sin estar integrados en empresas de seguridad durante un plazo de dos años desde dicha
fecha, a partir del cual habrán de atenerse necesariamente a lo dispuesto al respecto en el artículo 12
de esta Ley.

- Art.12 LSPR - Art.10 LSPR -

DT3

Una vez transcurrido el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de las disposiciones de
desarrollo reglamentario relativas a la habilitación para el ejercicio de la profesión de vigilante de
seguridad, el personal que, bajo las denominaciones de guardas de seguridad, controladores u otras
de análoga significación, hubiera venido desempeñando con anterioridad a dicha promulgación
funciones de vigilancia y controles en el interior de inmuebles no podrá realizar ninguna de las
funciones enumeradas en el artículo 11 sin haber obtenido previamente la habilitación regulada en el
artículo 10 de la presente Ley.

- Art.11 LSPR - Art.10 LSPR -

DT4

Los detectives privados y los auxiliares de los mismos que, en la fecha de promulgación de la
presente Ley, se encuentren acreditados como tales con arreglo a la legislación anterior y los
investigadores o informadores que acrediten oficialmente el ejercicio profesional durante dos años
con anterioridad a dicha fecha, podrán seguir desarrollando las mismas actividades hasta que
transcurra un año desde la promulgación de las disposiciones de desarrollo reglamentario relativas a
la habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado. A partir de dicho plazo, para
poder ejercer las actividades previstas en el artículo 19.1 de la presente Ley, habrán de convalidar u
obtener la habilitación necesaria con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en las indicadas
disposiciones de desarrollo reglamentario.

- Art.19 LSPR -

DDU

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la
presente Ley.

DF1

El Gobierno dictará las normas reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en la presente Ley, y concretamente para determinar:
a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de la
regulación.
b) Las condiciones que deben cumplirse en la prestación de servicios y realización de actividades de
seguridad privada.
c) Las características que han de reunir los medios técnicos y materiales utilizados a tal fin.
d) Las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada, así como la
cualificación y funciones del jefe de seguridad.
e) El régimen de habilitación de dicho personal.
f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempeño de las
distintas funciones.

DF2

Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo con las
variaciones del índice de precios al consumo.

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA LSP
PULSA Y ENLAZA
Imagen
REGLAMENTO SEGURIDAD PRIVADA
PULSA Y ENLAZA CON EL REGLAMENTO INTEGRO
REGLAMENTO SEGURIDAD PRIVADA RSP
EL TEXTO INTEGRO

LEY ORGÁNICA de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I El Plan de lucha contra la delincuencia, presentado por el Gobierno el día 12 de septiembre de 2002, contemplaba un conjunto de actuaciones que incluían medidas tanto organizativas como legislativas. Entre estas últimas se ponía un especial acento en las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la violencia doméstica y favorecer la integración social de los extranjeros. Esta ley orgánica viene a completar el conjunto de medidas legislativas que sirven de desarrollo a dicho plan y, por ello, no debe considerarse aisladamente, sino en el conjunto de iniciativas del Gobierno para mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente frente a las agresiones de la delincuencia. Alcanzar estos objetivos exige abordar una serie de reformas en las materias mencionadas para lograr un perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, cuyos elementos esenciales se exponen a continuación. II La realidad social ha puesto de manifiesto que uno de los principales problemas a los que tiene que dar respuesta el ordenamiento jurídico penal es el de la delincuencia que reiteradamente comete sus acciones, o lo que es lo mismo, la delincuencia profesionalizada. Son numerosos los ejemplos de aquellos que cometen pequeños delitos en un gran número de ocasiones, delitos que debido a su cuantía individualizada no obtienen una respuesta penal adecuada.

El presente texto establece, en primer lugar, medidas dirigidas a dar una respuesta adecuada a aquellos supuestos en que los autores ya han sido condenados por la realización de actividades delictivas, a través de la aplicación de la agravante de reincidencia, en este caso cualificada por el número de delitos cometidos, siguiendo un criterio ya establecido en nuestra doctrina y en nuestros textos legales. Se introduce, por tanto, una nueva circunstancia agravante de reincidencia cuando se dé la cualificación de haber sido el imputado condenado ejecutoriamente por tres delitos, permitiéndose, en este caso, elevar la pena en grado. Dicha circunstancia de agravación es compatible con el principio de responsabilidad por el hecho, siendo el juzgador el que, ponderando la magnitud de pena impuesta en las condiciones precedentes y el número de éstas, así como la gravedad de la lesión o el peligro para el bien jurídico producido por el nuevo hecho, imponga, en su caso, la pena superior en grado. Por otra parte, se recogen medidas dirigidas amejorar la aplicación de la respuesta penal a la habitualidad de la conducta cuando los hechos infractores del Código Penal cometidos con anterioridad no hubieran sido aún juzgados y condenados. Así, los artículos 147, respecto a las lesiones, 234, respecto al hurto y 244, respecto a la sustracción de vehículos, establecen una pena de delito para la reiteración en la comisión de faltas, siempre que la frecuencia sea la de cuatro conductas constitutivas de falta en el plazo de un año, y en el caso de los hurtos o sustracción de vehículos de motor el montante acumulado supere el mínimo exigido para el delito.

III El fenómeno de la violencia doméstica tiene un alcance ciertamente pluridisciplinar. Es preciso abordarlo con medidas preventivas, con medidas asistenciales y de intervención social a favor de la víctima, con medidas incentivadoras de la investigación, y también con medidas legislativas orientadas a disuadir de la comisión de estos delitos. Por ello, los delitos relacionados con la violencia doméstica han sido objeto en esta reforma de una preferente atención, para que el tipo delictivo alcance a todas sus manifestaciones y para que su regulación cumpla su objetivo en los aspectos preventivos y represivos. También se ha incrementado de manera coherente y proporcionada su penalidad y se han incluido todas las conductas que puedan afectar al bien jurídico protegido. En esta línea, en primer lugar, las conductas que son consideradas en el Código Penal como falta de lesiones, cuando se cometen en el ámbito doméstico pasan a considerarse delitos, con lo cual se abre la posibilidad de imponer pena de prisión y, en todo caso, la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Por esta razón se ajusta técnicamente la falta regulada en el artículo 617. En segundo lugar, respecto a los delitos de violencia doméstica cometidos con habitualidad, se les dota de una mejor sistemática, se amplía el círculo de sus posi- BOE núm. 234 Martes 30 septiembre 2003 35399 bles víctimas, se impone, en todo caso, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas y se abre la posibilidad de que el juez o tribunal sentenciador acuerde la privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. IV Nuestro ordenamiento jurídico proporciona una adecuada respuesta y protección a los extranjeros que residen legalmente en España. Sin embargo, también es cierto que la experiencia acumulada frente a un fenómeno cada vez más importante exige abordar reformas desde diversas perspectivas: 1.o La respuesta penal frente a los extranjeros no residentes legalmente en España que cometen delitos.

Se introducen cambios en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 89, en coherencia con la reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para dar adecuado cauce a que el juez penal acuerde la sustitución de la pena impuesta al extranjero no residente legalmente en España que ha cometido un delito, por su expulsión. En concreto, se establece que, en el caso de extranjeros que, además de no ser residentes legalmente en España, cometan un delito castigado con pena de prisión inferior a seis años, la regla general sea la sustitución de la pena por la expulsión. Si la pena de prisión es igual o superior a seis años, una vez que cumpla en España las tres cuartas partes de la condena o alcance el tercer grado de tratamiento penitenciario, se acordará, también como regla general, la expulsión. De esta forma se logra una mayor eficacia en la medida de expulsión, medida que, no podemos olvidar, se alcanzaría de todas maneras por la vía administrativa al tratarse de personas que no residen legalmente en España y que han delinquido. En definitiva, se trata de evitar que la pena y su cumplimiento se conviertan en formas de permanencia en España quebrantando así de manera radical el sentido del ordenamiento jurídico en su conjunto. Paralelamente se reforma el artículo 108 del Código Penal para establecer, con carácter general, la expulsión de los extranjeros no residentes legalmente en España en sustitución de las medidas de seguridad aplicadas por el juez o tribunal a consecuencia de la comisión de un delito. 2.o La respuesta penal frente a las nuevas formas de delincuencia que se aprovechan del fenómeno de la inmigración para cometer sus delitos. La modificación de los artículos 318 y 318 bis del Código Penal (y la necesaria adaptación técnica a los mismos del 188) tienen como finalidad combatir el tráfico ilegal de personas, que impide la integración de los extranjeros en el país de destino.

La Unión Europea ha desplegado un notable esfuerzo en este sentido, ya que el Tratado establece, entre los objetivos atribuidos a la Unión, la lucha contra la trata de seres humanos, aproximando cuando proceda las normas de derecho penal de los Estados miembros. La prioridad de esta acción se recordó en el Consejo Europeo de Tampere, y se ha concretado en las recientes iniciativas del Consejo para establecer un marco penal común de ámbito europeo relativo a la lucha contra la trata de seres humanos y a la lucha contra la inmigración clandestina. Nuestro ordenamiento jurídico ya recogía medidas para combatir este tipo de delincuencia, realizando la presente reforma una tarea de consolidación y perfeccionamiento de las mismas. El nuevo texto contiene un importante aumento de la penalidad al respecto, estableciendo que el tráfico ilegal de personas "con independencia de que sean o no trabajadores" será castigado con prisión de cuatro a ocho años. Con ello, los umbrales de penas resultantes satisfacen plenamente los objetivos de armonización que se contienen en la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares. En aras a una efectiva protección de las personas mediante la prevención de este tipo de conductas, se agravan las penas cuando el tráfico ilegal, entre otros supuestos, ponga en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, o la víctima sea menor de edad o incapaz. Por último, se ha incluido en el artículo 318 la posibilidad de que los jueces o tribunales impongan alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 del Código Penal.

3.o La existencia de formas delictivas surgidas de prácticas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico.
Por otro lado, la reforma se plantea desde el reconocimiento de que con la integración social de los extranjeros en España aparecen nuevas realidades a las que el ordenamiento debe dar adecuada respuesta. Así, como novedad igualmente reseñable, se tipifica el delito de mutilación genital o ablación. Y ello porque la mutilación genital de mujeres y niñas es una práctica que debe combatirse con la máxima firmeza, sin que pueda en absoluto justificarse por razones pretendidamente religiosas o culturales. Esta reforma ya había sido planteada en el seno de las Cortes a través de una proposición de ley que pretendía introducir una cláusula interpretativa sobre la represión de la mutilación genital femenina. En la actual reforma se modifica el artículo 149 del Código Penal, mencionando expresamente en su nuevo apartado 2 la mutilación genital, en cualquiera de sus manifestaciones, como una conducta encuadrable entre las lesiones de dicho artículo, castigadas con prisión de seis a 12 años. Se prevé, además, que, si la víctima fuera menor de edad o incapaz, se aplicará la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, si el juez lo estima adecuado al interés del menor. En la mayoría de las ocasiones, son los padres o familiares directos de la víctima quienes la obligan a someterse a este tipo de mutilaciones aberrantes, por lo cual la inhabilitación especial resulta absolutamente necesaria para combatir estas conductas y proteger a la niña de futuras agresiones o vejaciones.

4.o La adecuación de las instituciones civiles a las nuevas culturas que conviven en nuestro país.
Con el objetivo de mejorar la integración social de los inmigrantes en España y de garantizar que disfrutan de semejantes derechos a los nacionales, se aborda una reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio para garantizar la protección de la mujer frente a nuevas realidades sociales que aparecen con el fenómeno de la inmigración. En concreto, se modifica, siguiendo los trabajos realizados por la Comisión General de Codificación, el artículo 107 del Código Civil para solventar los problemas que encuentran ciertas mujeres extranjeras, fundamentalmente de origen musulmán, que solicitan la separación o el divorcio. El interés de una persona de lograr la separación o el divorcio, por ser expresión de su autonomía personal, debe primar sobre el criterio que supone la aplicación de la ley nacional. Y sucede que, en estos casos, la aplicación de la ley nacional común de los cónyuges dificulta el acceso a la separación y al divorcio de determinadas personas residentes en España. Para ello, se reforma el artículo 107 del Código Civil estableciendo que se aplicará la ley española cuando 35400 Martes 30 septiembre 2003 BOE núm. 234 uno de los cónyuges sea español o residente en España, con preferencia a la ley que fuera aplicable si esta última no reconociera la separación o el divorcio, o lo hiciera de forma discriminatoria o contraria al orden público.

5.o Por último, la adaptación de la Ley de extranjería a la realidad delictiva y procesal existente.
Esta ley orgánica reforma también la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ya fue modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, para mejorar el régimen jurídico de entrada y permanencia en territorio español de los extranjeros. Se trata ahora, mediante la reforma de los apartados 4 y 7 del artículo 57 y del artículo 62.1, de mejorar la regulación actual en materia de expulsión para lograr una coordinación adecuada cuando se produce la tramitación simultánea de procedimientos administrativo y penal. Con la nueva redacción del apartado 4 del artículo 57 se mejora el texto actual, aclarando que la expulsión, además de conllevar «en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España de la que fuese titular el extranjero expulsado», implicará también «el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España». Igualmente, esta ley orgánica, al modificar el artículo 57.7 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, trata de hacer frente a los problemas que se derivan de los supuestos en que los extranjeros se encuentran sujetos a uno o varios procesos penales. La solución que se adopta consiste en prever que cuando un extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta castigado con una pena privativa de libertad inferior a seis años, si existe orden de expulsión debidamente dictada, se autorice judicialmente la expulsión. La nueva redacción del artículo 57.7 establece un procedimiento especialmente ágil y urgente para ello. En él, la autoridad gubernativa solicita la autorización judicial para llevar a cabo la expulsión acordada en un expediente administrativo cuando el extranjero se encuentre incurso en un procedimiento penal. El plazo para dictar dicha resolución judicial es muy breve, pues no podrá pasar de los tres días. Con ello se garantiza la eficacia de la orden de expulsión incluso en los supuestos de coincidencia con procesos penales. También se prevé el modo de actuar cuando sean varios los órganos judiciales que están conociendo procesos penales contra un mismo ciudadano extranjero. En este caso, como es lógico, se impone a la autoridad gubernativa el deber de solicitar la autorización de la expulsión a todos esos órganos jurisdiccionales. Por último, esta reforma también mejora la regulación de la resolución judicial que dispone el ingreso del extranjero en un centro de internamiento. Con ella se trata de garantizar que las resoluciones administrativas o judiciales de expulsión no queden sin efecto por la imposibilidad de hallar al extranjero. Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Uno. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue: «Artículo 23. Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.» Dos. Se modifica el artículo 66, que queda redactado como sigue: «Artículo 66.

1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas: 1.a Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito.
2.a Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes.
3.a Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito.
4.a Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior.
5.a Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido. A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.
6.a Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.
7.a Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior.

8.a Cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán hacerlo en toda su extensión.
2. En los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior.» Tres. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 89, que quedan redactados como sigue: «1. Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, salvo BOE núm. 234 Martes 30 septiembre 2003 35401 que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de formamotivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España. Igualmente, los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal, acordarán en sentencia la expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente en España condenado a pena de prisión igual o superior a seis años, en el caso de que se acceda al tercer grado penitenciario o una vez que se entiendan cumplidas las tres cuartas partes de la condena, salvo que, excepcionalmente y de forma motivada, aprecien que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España. La expulsión se llevará a efecto sin que sea de aplicación lo dispuesto en los artículos 80, 87 y 88 del Código Penal. La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España. En el supuesto de que, acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la pena privativa de libertad originariamente impuesta o del período de condena pendiente.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión, y, en todo caso, mientras no haya prescrito la pena.
3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.» Cuatro. Se modifica el artículo 108, que queda redactado como sigue: «Artículo 108.

1. Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de formamotivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España. La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España. En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la medida de seguridad originariamente impuesta.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión.
3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.» Cinco. Se añade un párrafo al apartado 1 y se modifica el apartado 2 del artículo 147, con la siguiente redacción: «Con la misma pena será castigado el que, en el plazo de un año, haya realizado cuatro veces la acción descrita en el artículo 617 de este Código.

2. No obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.» Seis.
Se modifica el artículo 149, que queda redactado como sigue: «Artículo 149.
1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años.
2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o incapaz, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz.» Siete. Se modifica el artículo 153, que queda redactado como sigue: «Artículo 153. El que por cualquier medio o procedimiento causara a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeara o maltratara de obra a otro sin causarle lesión, o amenazara a otro de modo leve con armas y otros instrumentos peligrosos, cuando en todos estos casos el ofendido fuera alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años. Se impondrán las penas en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.» Ocho. Se modifica el artículo 173, que queda redactado como sigue: «Artículo 173.

1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada 35402 Martes 30 septiembre 2003 BOE núm. 234 a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.» Nueve. Se modifica el artículo 188, que queda redactado como sigue: «Artículo 188.

1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.

2. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior, y además la pena de inhabilitación absoluta de seis a 12 años, a los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

3. Si las mencionadas conductas se realizaran sobre persona menor de edad o incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución, se impondrá al responsable la pena superior en grado a la que corresponda según los apartados anteriores.

4. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.» Diez. Se añade un párrafo segundo al artículo 234, que queda redactado como sigue: «Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice cuatro veces la acción descrita en el artículo 623.1 de este Código, siempre que el montante acumulado de las infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito.» Once. Se añade un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 244, que queda redactado como sigue: «Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice cuatro veces la acción descrita en el artículo 623.3 de este Código, siempre que el montante acumulado de las infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito.» Doce. Se modifica el artículo 318, que queda redactado como sigue: «Artículo 318. Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.» Trece. Se modifica el artículo 318 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 318 bis.

1. El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.

2. Si el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las personas, serán castigados con la pena de cinco a 10 años de prisión.
3. Los que realicen las conductas descritas en cualquiera de los dos apartados anteriores con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o siendo la víctima menor de edad o incapaz o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, serán castigados con las penas en su mitad superior.
4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis a 12 años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 1 a 4 de este artículo, en sus respectivos casos, e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. BOE núm. 234 Martes 30 septiembre 2003 35403 En los supuestos previstos en este apartado la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.
6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada.» Catorce. Se modifica el párrafo 1.o del artículo 515, que queda redactado como sigue: «1.o Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada.» Quince. Se deroga el último párrafo del apartado 2 del artículo 617. Artículo segundo. Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Uno. El apartado 4 del artículo 57 tendrá la siguiente redacción: «4. La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado.» Dos. El apartado 7 del artículo 57 tendrá la siguiente redacción: «7. a) Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa someterá al juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorice, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación. En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior. b) No obstante lo señalado en el párrafo a) anterior, el juez podrá autorizar, a instancias del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del extranjero del territorio español en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal. c) No serán de aplicación las previsiones contenidas en los párrafos anteriores cuando se trate de delitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 515.6.a, 517 y 518 del Código Penal.» Tres. El apartado 1 del artículo 61 queda redactado como sigue: «1. Desde el momento en que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares: a) Presentación periódica ante las autoridades competentes. b) Residencia obligatoria en determinado lugar. c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al interesado del resguardo acreditativo de tal medida. d) Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento. En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superior a 72 horas. e) Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de internamiento.» Cuatro. El apartado 1 del artículo 62 tendrá la siguiente redacción: «1. Incoado el expediente por las causas comprendidas en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 54, así como a), d) y f) del artículo 53, en el que pueda proponerse la sanción de expulsión del territorio español, el instructor podrá solicitar al juez de instrucción competente que disponga su ingreso en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador, sin que sea necesario que haya recaído resolución de expulsión. El juez, previa audiencia del interesado, resolverá mediante auto motivado, atendidas las circunstancias concurrentes y, en especial, el hecho de que carezca de domicilio o de documentación, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. » Artículo tercero. Modificación del Código Civil. Uno. La rúbrica del capítulo XI del título IV del libro I del Código Civil quedará redactada del siguiente modo: «Ley aplicable a la nulidad, la separación y el divorcio.» Dos. El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 9 del Código Civil quedará redactado del siguiente modo: «La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107.» Tres. El artículo 107 del Código Civil quedará redactado del siguiente modo: «Artículo 107. 1. La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la ley aplicable a su celebración. 2. La separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en defecto de ésta, por la ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado. En todo caso, se aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida habitualmente en España: a) Si no resultara aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas. 35404 Martes 30 septiembre 2003 BOE núm. 234 b) Si en la demanda presentada ante tribunal español la separación o el divorcio se pide por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro. c) Si las leyes indicadas en el párrafo primero de este apartado no reconocieran la separación o el divorcio o lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden público.» Disposición final primera. Carácter de esta ley. El artículo tercero de esta ley tiene carácter ordinario y se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, conforme al artículo 149.1.8.a de la Constitución. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 29 de septiembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno, JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MEXICO
LEY DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS